Las bases de la creación de un área monetaria de una escala como la de la Eurozona, en la que siguen sin existir mecanismos de corrección de las asimetrías estructurales entre las economías que la integran que tengan la suficiente potencia como para permitir su reequilibrio en el medio y largo plazo, constituye uno de los determinantes esenciales tanto de la crisis europea actual como de su expresión concreta en los países de la periferia europea.

En efecto, la división internacional del trabajo entre centro y periferia presente en el momento de la incorporación de los Estados del Sur a la construcción europea se ha mantenido desde entonces, incrementándose la especialización de dichos Estados en sectores productivos de bajo valor añadido pero que, al mismo tiempo, han resultado funcionales al proceso de rentabilización de los capitales financieros del centro en una suerte de simbiosis mortal. En este sentido, no es casual que el sector económico que en mayor medida ha sido sobrealimentado intencionadamente para estimular su hipertrofia y facilitar una rentabilización acelerada de los capitales acumulados en el centro de Europa haya sido el inmobiliario.

Las burbujas inmobiliarias cuyos estallidos se encuentran detrás de la profundidad de la crisis en las economías periféricas —Irlanda, España o Grecia, por ejemplo— no puede considerarse, en este sentido, el fruto de una casualidad. Esas burbujas son, por el contrario, el resultado deseado de un proceso de acumulación de capitales al interior de la Unión Europea, que localiza en el centro la generación de excedente vinculado a los sectores productivos de vanguardia, para posteriormente canalizarlo hacia la periferia en busca de la mayor rentabilidad esperable de las dinámicas especulativas inducidas en el sector de la construcción.

Esa asimetría entre la esencia económica del proyecto y los criterios políticos de ampliación se profundizó aún más durante el proceso de convergencia para la creación de la moneda única.

La resultante no ha podido ser más desastrosa para todas las partes implicadas, si bien la condición acreedora de los países del centro ha reforzado, por un lado, su capacidad para minimizar pérdidas y, por otro, ha facilitado que pueda imponer sobre los países deudores el peso del ajuste en los balances de las instituciones financieras del centro.

De alguna manera, todo ello es el producto de una situación paradójica: la de un proceso de integración europea que se ha cimentado esencialmente sobre la dimensión económica del mismo, pero que ha seguido pautas de incorporación a dicho proyecto de naturaleza política sin acompañarlas de elementos correctores desde lo económico, lo que habría facilitado la equiparación de las condiciones heterogéneas de partida de las economías que se sumaban al mismo.

Esa asimetría entre la esencia económica del proyecto y los criterios políticos de ampliación se profundizó aún más durante el proceso de convergencia para la creación de la moneda única. Fue entonces cuando se impusieron criterios económicos de naturaleza nominal frente a una convergencia real que hubiera contribuido a homogeneizar las estructuras productivas entre los distintos Estados de la futura zona euro. De aquellos barros estos lodos en forma de economías desestructuradas en la periferia, subyugadas por el peso de sectores económicos de bajo valor añadido y en los que prima el trabajo de baja cualificación; sectores que, además, como en el caso del turismo, se encuentran abiertos a una competencia internacional que los fuerza a utilizar el mecanismo espurio de bajos salarios como principal determinante de la competitividad de la oferta. Todo ello mientras va perdiendo peso el sector industrial y, dentro del mismo, las líneas de vanguardia que podrían facilitar una inserción más equilibrada en las cadenas de valor internacionales.

Lo realmente preocupante es que esa dinámica se ha agravado con la crisis económica, no tanto por el lastre que supone el peso del sector de la construcción —dado que su participación relativa en el producto total y en el empleo ha caído como consecuencia del ajuste que se ha producido sobre el mismo—, sino por la debilidad que muestra el sector industrial en estas economías y su incapacidad para sustituir a aquél como motor del crecimiento.

En consecuencia, la periferia europea se encuentra viviendo una pesadilla producto del monstruo que engendró el sueño de la razón de la construcción europea. Se ha desprendido de su soberanía económica, entregando la mayor parte de los instrumentos políticos a una Europa que gobierna en función de unos intereses que cada vez se identifican más con los de las élites económicas y financieras globales. Además, se han agravado los desequilibrios estructurales de sus sectores productivos, afianzándose aún más aquellos que condicionaban su inserción dependiente en el espacio europeo, lo que ha intensificado una división internacional del trabajo y la producción en el interior de la Unión Europea que les resulta claramente desfavorable y que, además, revierte negativamente en sus márgenes de maniobra de cara a la apertura hacia espacios extracomunitarios.

Por último, la periferia ha sido utilizada como bomba de succión del excedente del centro para, a través de un sistema financiero libre de riesgos cambiarios, proceder a hipertrofiar los sectores inmobiliarios y financieros locales incentivando burbujas especulativas que han acabado por estallar. Lo peor de esta situación es que nada indica que, una vez devastadas dichas economías por la crisis, se vaya a modificar la estrategia, más bien al contrario, todo apunta a una profundización aún mayor de las asimetrías.

Este escenario, desolador desde la perspectiva de los que sufrimos sus efectos pero también de los que creemos en un proyecto europeo democrático, solidario y sustentado sobre el bienestar de sus pueblos como elementos esenciales de identidad, sólo puede alterarse por una vía: más Europa… pero más Europa política, que de la económica ya nos sobra.