La relevancia de la figura, el pensamiento y la actuación política de Francisco Pi y Margall en la segunda mitad del siglo XIX español ha sido generalmente subestimada por la mayoría de las corrientes políticas contemporáneas. Sin embargo, no es posible comprender en toda su complejidad esa parte de nuestra historia común sin reconocer el papel que este catalán y presidente de la Primera República jugó en la propuesta de un proyecto de construcción de un Estado democrático, federal y social español, alternativo al propugnado por los poderes económicos y sociales oligárquicos y centralistas. En ese sentido, constituye sin duda un antecedente y un referente fundamental para fuerzas políticas que, como Podemos, aspiran hoy a retomar ese camino en medio de la encrucijada histórica actual en que nos encontramos.

No es fácil describir la trayectoria política e intelectual de alguien que, como han destacado, entre otros, Antoni Jutglar, Isidre Molas, Pere Gabriel, Juan Trías, Miquel Caminal o Ramón Máiz, partió de un liberalismo que, a medida que fue avanzando el siglo, fue enriqueciéndolo con un contenido democrático radical, federalista y social que le fue distanciando de sus orígenes para acercarlo cada vez más a las aspiraciones populares asociadas al socialismo y al anarquismo.

Su idea-fuerza permanente fue sin duda la democracia, concebida como autonomía frente a heteronomía –asociada, para él, a un catolicismo conservador frente al que era especialmente beligerante. Esa concepción kantiana de la autonomía iba acompañada de la visión de un mundo que debería basarse en la defensa de los derechos individuales, el sufragio universal, la soberanía popular y el republicanismo. Desde esa idea de autonomía se puede entender la progresiva maduración de una propuesta federalista que, frente a lo que algunos han sostenido, empezó a esbozar antes incluso de Proudhon –cuya obra El principio federativo (1862) tradujo–, si bien en sus textos no hay muchas veces una distinción clara entre federación y confederación, al igual que ocurre con su uso de términos como nación, nacionalidades o patria.

Aun con estas precauciones, es posible resaltar algunas de sus principales tesis al respecto. En efecto, desde La reacción y la revolución (1854) hasta Las nacionalidades (1876) y sus últimos artículos de fin de siglo podemos encontrar una evolución que le va conduciendo de unas reflexiones más teóricas sobre el federalismo a una concepción y unas propuestas más desarrolladas e incluso con cierto grado de concreción en el plano competencial. En sus ricas y detalladas elaboraciones se puede comprobar tanto el conocimiento exhaustivo de las experiencias de otros países –Estados Unidos y Suiza, principalmente– como las enseñanzas que ha ido extrayendo de los tiempos de la Primera República y de su fracaso. Precisamente, en un texto escrito en 1874 explicaba: “He sido partidario de la federación desde 1854. La defendí entonces calurosamente en La reacción y la revolución, libro destinado a la exposición de mis ideas en filosofía, en economía, en política. La defendí, como la defiendo ahora, bajo dos puntos de vista, el de la razón y el de la historia. La federación realizaba a mis ojos, por una parte, la autonomía de los diversos grupos en que se ha ido descomponiendo y recomponiendo la humanidad al calor de las revoluciones y por estímulo de los intereses; de otra, el principio de la unidad en la variedad, forma constitutiva de los seres, ley del mundo. Yo consideraba, además, que era la organización más adecuada a la índole de nuestra patria, nación formada de provincias que fueron en otro tiempo reinos independientes”.

Además de esa voluntad de reconstituir una nación española plural, entendida como “nación de antiguas naciones” en clave federal, su modelo apuntaba, como resume Ramón Máiz, a “una matriz policéntrica, que incorpora diversos ámbitos: la nación, las provincias o regiones, los municipios, pero también, no lo olvidemos, el irrenunciable espacio de los ciudadanos singulares y sus derechos”. A todo esto habría que añadir la dimensión europea por la que también apostaba en sus últimos escritos.

Formulaba así una idea de federación que se oponía a la mera descentralización, ya que debía ir “de abajo arriba” y tenía que basarse en el pacto, entendido como “el espontáneo y solemne consentimiento de más o menos provincias o Estados en confederarse para todos los fines comunes bajo condiciones que estipulan y escriben en una Constitución”. Argumentó con mayor fuerza esa tesis después de que él mismo comprobara bajo la Primera República los límites de un proyecto federal “de arriba abajo” que acabaría chocando tanto con los federalistas “intransigentes” como con la resistencia centralista española. Por eso a partir de entonces se fue convenciendo de que esa aspiración solo se podría llevar a cabo en conflicto abierto con lo que representaba el régimen de la Restauración borbónica, como explica en el capítulo XVII del Libro Tercero de Las nacionalidades.

Consciente de las críticas que recibía su proyecto porque, según las mismas, podría abrir paso al secesionismo, Pi y Margall respondía también con rotundidad: “En medio de tantos y tan generales trastornos como nos han afligido, ¿en qué pueblo ni en qué provincia se ha visto jamás tendencia a separarse de España? No se la ha visto ni siquiera en esas provincias Vascongadas, autónomas como ninguna, que han sostenido contra nosotros dos largas guerras civiles y en las dos han debido humillar la cabeza. Ni en el movimiento cantonal de 1873 se observó el menor conato de independencia”.

Con todo, la emergencia de un catalanismo político interclasista, con su antiguo discípulo Valentí Almirall a la cabeza, planteó nuevos problemas a Pi y Margall pese a que veía coincidencias en él con el federalismo. En efecto, ese catalanismo pronto encontró sospechas de separatismo desde Madrid. Frente a ellas, Pi y Margall insistía en un artículo publicado en 1898 en El Nuevo Régimen en que sólo la involución de un régimen centralista podría conducir hacia un secesionismo a “las regiones de mayor fuerza y vida, deseosas de evitar que se apodere de ellas y las roa la general gangrena”. Para Pi, “los verdaderos separatistas no son los catalanes, sino los políticos del caciquismo y de la oligarquía de Madrid, con su falta de visión, con su encarnizado unitarismo centralizador y uniformizador”. Como resume muy bien González Casanova, Pi y Margall estaba proponiendo “reconstituir el Principat y reconstituir la Nación española”.

Podemos, por tanto, concluir en lo que concierne a su federalismo que Pi y Margall aspiraba a la construcción, de abajo arriba, de una nueva Unión Federal frente al proyecto centralista dominante, pero también con el propósito de evitar posibles opciones independentistas que empezaban a emerger justamente en sus últimos años de vida, coincidiendo con la “crisis de fin de siglo”. Un momento en el que también se manifestó abiertamente contrario a la continuación de la guerra en Cuba, a favor de su independencia y de la libre autodeterminación de los pueblos.

La historia posterior confirmaría sus temores de que la solución federal que propugnaba seguiría tropezando con el inmovilismo “madrileño”, mientras que el catalanismo se iría conformando como un nuevo nacionalismo que, sobre todo en su versión conservadora, se movía en una tensión interna permanente entre su autoafirmación frente al Estado español y su pretensión hegemónica dentro del mismo. Una tensión que, de forma somera y dirigiéndose a Francesc Cambó, describió Niceto Alcalá Zamora en estos términos: “No se puede ser el Bolívar de Cataluña y el Bismarck de España”. Luego, la llegada de la Segunda República abriría ya una nueva etapa con el protagonismo de Esquerra Republicana.

Junto a esas dimensiones democrática y federal del pensamiento de Pi, es obligado resaltar también su preocupación creciente por “la cuestión social” a medida que avanzaba el siglo: “Nosotros no solamente no dudamos de que la cuestión social exista; estamos firmemente convencidos de que será el grito de guerra del siglo XX como lo ha sido del siglo XIX la cuestión política: admitiremos cuanto en nuestra opinión pueda decidirla sin sangre”. Es esa vertiente la que le irá distanciando de su liberalismo original para convencerse de, como reconocería Friedrich Engels, la necesidad de buscar el apoyo a su federalismo republicano en la clase trabajadora con medidas sociales, como las que trató de llevar a cabo durante su corta experiencia de gobierno bajo la Primera República. Empero, como subraya Juan Trías, su denuncia de la injusticia social y su apoyo al proceso de autoorganización del movimiento obrero, especialmente en Cataluña, no le conducen a propugnar un programa basado en la expropiación del capital sino otro que aspirara a la adopción de medidas tendentes a la igualación social. Ésa es la línea que le separa del socialismo, al igual que le distanciará del anarquismo su visión del Estado como actor fundamental para avanzar hacia la justicia social.

Ese interés por responder a “la cuestión social” se refleja, por ejemplo, en el Dictamen sobre bases económico-sociales para mejorar la condición de las clases jornaleras que redacta en 1872 y que finalmente es rechazado por su partido. El papel central que atribuye al Estado, sin por ello pronunciarse a favor de las nacionalizaciones –por “temor de que menoscabe la personalidad del individuo y dificulte el movimiento económico”– se refuerza en otros trabajos posteriores, como el manifiesto que precedía al programa de su partido en 1894, con una argumentación que es, no obstante, aparentemente contradictoria: “Es el Estado el que por sus imprevisoras e interesadas leyes ha abierto anchos fosos entre los capitalistas y los trabajadores; al Estado toca, en primer término, cegarlos por nuevas y más justas leyes”.

Ese programa incluía medidas como la entrega a comunidades y asociaciones obreras de tierras públicas y de obras y servicios públicos, con facilidades de crédito por la banca pública, la jornada laboral de ocho horas o determinadas prohibiciones para el trabajo de mujeres y niños, entre otras.

Sobre la base de ese programa Pi y Margall propugna en 1895 la necesidad de ir forjando un bloque social popular: “Las clases jornaleras son las más numerosas y están sedientas de justicia; los pequeños industriales y los pequeños agricultores sufren no menos que los trabajadores los efectos de las inicuas leyes por que nos regimos; en esas clases debemos buscar los ejércitos que han de emancipar la nación del yugo que le han impuesto las clases altas”.

De esta breve descripción de la trayectoria de quien fue un gran pensador y dirigente político cabe por tanto concluir que, tras las experiencias del “sexenio revolucionario” y de la Restauración borbónica, fue madurando un proyecto común de “país de países”, basado en la articulación de demandas democráticas, federalistas y sociales en un sentido emancipatorio individual y colectivo. Un proyecto que, pese a su fracaso frente a las poderosas resistencias oligárquicas y centralistas, no por ello deja de ser rico de enseñanzas para poder hacerles frente hoy, tanto a escala española como europea, con ilusión y esperanza de éxito.