Para muchos analistas, los atentados del 11 de septiembre del 2001 marcaron un punto de inflexión en el orden internacional que se venía gestando desde el final de la Guerra Fría. Colocaron, por un lado, en el centro de la agenda internacional al denominado terrorismo internacional y a grupos de islamismo político radical que alcanzaron entonces (Al Qaida) o posteriormente (Daesh, Boko Haram, Al Sabah, etc.) una gran notoriedad. Grupos que en la actualidad operan no sólo en Europa sino en muchos otros sitios (en Oriente Medio, en especial en Siria e Irak, en Afganistán, norte de África o el Sahel) y que han cometido gravísimas violaciones de derechos humanos. Dada la cobertura político-mediática dominante, no es baldío ni superfluo recordar que la inmensa mayoría de sus víctimas no son occidentales, sino mujeres y hombres del sur global, muchos de origen musulmán. Múltiple fue, por otro lado, la reacción internacional: desde controvertidas intervenciones militares (Afganistán, Irak, Libia, Siria, Mali) a diversas políticas antiterroristas, cuya eficacia e impacto en los derechos humanos deja mucho que desear.

Interesa aquí, sin embargo, centrarnos en cómo esas respuestas internacionales se insertan en un proceso mucho más amplio, complejo y multifacético que ha marcado la realidad internacional de los últimos 15 años y que, en términos académicos algo incomprensibles, se denomina la securitización de la política internacional. En efecto, fueron los llamados estudios críticos de seguridad, los que alertaron del proceso impulsado por los Estados occidentales con la complicidad de varias organizaciones internacionales (ONU, UE, OTAN), por el cual muchos fenómenos eran re-nombrados y re-tratados como “amenazas de seguridad”. Los conflictos armados, la violencia política, los desplazamientos de población, las enfermedades infecciosas, la gestión de la diversidad cultural y religiosa, entre otros, dejaron de explicarse con complejos diagnósticos que apostaban por soluciones multidimensionales. Pasaron, por el contrario, a ser reducidos a problemas de seguridad, alegando que las mejores respuestas eran las militares y policiales.

Muchos son los ejemplos ilustrativos de este proceso, resaltándose aquí dos. Primero, la respuesta europea a la crisis de derechos humanos en su frontera sur. La seguridad de las personas refugiadas ha sido ninguneada en nombre de la seguridad nacional, apostándose por el cierre de fronteras con rejas y concertinas, patrullas policiales y militares (OTAN incluida), campos de detención y acuerdos inhumanos con Turquía. Segundo, la respuesta internacional a la crisis del Ébola en el África occidental con más de 11.300 muertos y 28.000 infectados y enormes pérdidas económicas y sociales. Una respuesta internacional que sólo se activó realmente cuando, a través de la repatriación de occidentales infectados, llegaba el virus a las fronteras de sus países. Y, mientras Cuba mandaba médicos a dicha región africana, Estados Unidos soldados y los demás se esforzaban, en especial, por cerrar sus fronteras.

Parece innegable, por tanto, que desde el 11 de septiembre del 2001, las fronteras, los espacios públicos, las redes sociales y la vida cotidiana de millones de personas se ha militarizado y securitizado en nombre de la nueva (pero también muy vieja) doctrina de “seguridad nacional”. Esa doctrina ha servido para legitimar limbos jurídicos, espacios de excepción e impunidad, así como otras medidas (tortura, desapariciones, violencia sexual, cibervigilancia, etc.) que Michael Ignatieff, el que fuera líder del Partido Liberal de Canadá, tuvo a bien justificar como el “mal menor” y que han generado un verdadero desastre de seguridad para millones de mujeres y hombres en todo el mundo.

Es importante recordar que, aunque pioneros, no sólo los Estados occidentales han impulsado este proceso. Muchos otros (incluidos las potencias no occidentales y, en especial, Rusia y China), así como instituciones internacionales, elites político-económicas, empresas y particulares se sumaban a esa fuerte marejada de securitización que, cual tsunami, parece arrasar la política internacional.

Seguro que este proceso se explica, en parte, por los beneficios que obtienen ciertos sectores (agencias de seguridad, ministerios de interior y defensa, empresas armamentísticas, de seguridad privada, suministro de rejas, concertinas, drones, sistemas de vigilancia, etc.) de los ingentes recursos destinados a la militarización de la política, las fronteras y la vida cotidiana. Pero no debemos olvidar que este proceso, profundamente político, resulta extremadamente útil para los intereses de la elite global, capitalista, neoliberal, patriarcal y racista que, como señala David Harvey, continua acaparando por desposesión la vida y el planeta. No es extraño que, por ello, reciba la complicidad de muchos académicos, periodistas y líderes de opinión. Mucho menos escuchadas son, por el contrario, las voces de quienes (defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales, partidos políticos, expertos, medios, etc.) se han movilizado para frenar y oponerse a esa marejada. Y, también para apostar por otra agenda internacional, una que ponga en el centro, no la seguridad de esa elite global, sino los derechos humanos, la equidad de género, la democracia, y un desarrollo inclusivo y sostenible. Su lucha nos recuerda que es posible construir otra política internacional.