El pasado mes de mayo la Fundación Konrad Adenauer presentó los resultados de una encuesta sobre religión y política realizada en el norte de África, concretamente en Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. Los resultados son, al mismo tiempo, previsibles y sorprendentes. Me limito a enunciar los encabezamientos: en los cinco países citados, como para dar la razón a los clichés occidentales, “la mayor parte de los norteafricanos se sienten antes musulmanes que ciudadanos de su país” y “consideran importante o muy importante el islam en sus vidas”. La sorpresa viene inmediatamente cuando los mismos que consideran la religión el dato central de su identidad cotidiana se manifiestan a favor de “la separación entre la esfera política y religiosa” y condenan abierta y tajantemente los atentados “perpetrados a continuación de un insulto al islam”. Más aún, entre el 92.4 % y el 96.4 % rechazan el terrorismo de Daesh mientras que sólo entre el 0.7 % y el 2.0 % lo defienden o apoyan. Conviene añadir que los musulmanes norteafricanos atribuyen a Occidente la responsabilidad del extremismo religioso y lo asocian a las condiciones económicas que afligen a la juventud de la región.

Me interesa apuntar dos rápidas conclusiones. La primera es que no hay ninguna relación automática entre islam y radicalidad y que, si todo proyecto de democratización de la región debe contar necesariamente con el referente religioso, la encuesta prueba que el islam más bien integra y desradicaliza. La segunda obliga a aceptar que no son los musulmanes sino los europeos los que se están radicalizando. Comparemos el citado apoyo a Daesh en África del norte con las nuevas mayorías destropopulistas y racistas en Austria, Holanda, Francia, Hungría o Polonia.

Esta ilusión de “radicalización” musulmana tiene que ver, en realidad, con la “guerra contra el terrorismo”, que empezó en 2001 tras el 11-S pero que se recrudeció en agosto de 2014 con la irrupción del autodenominado Estado Islámico en Siria e Iraq, secuela fatal de la combinación de intervenciones imperialistas y dictaduras locales. No es que el terrorismo no exista. En el caso de Daesh, muy dañino pero muy minoritario, es claramente el resultado de la derrota de las revoluciones “árabes” de 2011 y atrae, en Europa y en el “mundo árabe”, a algunos miles de jóvenes fascinados por la violencia como ocasión de “empoderamiento”. Pero la “radicalización” del islam es –lo demuestra la encuesta Adenauer– una ilusión. Los efectos del terrorismo son multiplicados por las medidas que se toman contra él. Las leyes de emergencia, los pactos antiterroristas, las reformas del código penal o las leyes de seguridad (según el país europeo del que hablemos), por no mencionar los acuerdos internacionales orientados a abordar la llegada masiva de refugiados, contribuyen a configurar y criminalizar, como enemigo interno, un “grupo de riesgo” identificado por su filiación religiosa. Es lo que llamamos “islamofobia”, un efecto colateral muy peligroso de esta nueva excepcionalidad jurídica que, en nombre de la seguridad, erosiona los pilares mismos de nuestros Estados de derecho. Cuando una minoría nacional –la llamada “comunidad” musulmana de nuestras ciudades– se vuelve sospechosa para las instituciones, la democracia misma está en peligro. El falso debate sobre el “burkini” del pasado verano prueba hasta qué punto se ha llegado en esta confusión interesada entre diferencia, foraneidad, negatividad y amenaza: cualquier arbitraria asociación semiótica entre un signo exterior y el islam, allí donde el islam mismo ha sido ideológicamente “radicalizado”, genera un problema “securitario”. A través de la Seguridad, el laicismo se convierte en una religión y la persecución en una quiebra del derecho.

Pero el problema de esta política antiterrorista, que suscita la ilusión de una “radicalidad” islámica, es que alimenta una auténtica e innegable radicalidad europea. El aumento del racismo y la islamofobia en Europa, donde fuerzas claramente ultraderechistas han tomado o están a punto de tomar el poder, es responsabilidad directa de los partidos e instituciones que, en la última década, a través de medidas de excepción, por razones electoralistas o geopolíticas, mediante bombardeos inútiles y normas liberticidas, han construido y legitimado un “sentido común” colectivo del que se apropian ahora los destropopulismos y neofascismos. Nada puede apetecer más el Estado Islámico –y ése es el propósito de sus atentados en Europa– que este círculo vicioso en virtud del cual se constituye una “comunidad” musulmana perseguida, se debilita el Estado de derecho y se da pábulo a los partidos islamofóbicos. Como he escrito numerosas veces, el terrorismo y el antiterrorismo se alimentan recíprocamente, el yihadismo y la islamofobia se reclaman y legitiman sin cesar; entre sus mandíbulas sufren las minorías más vulnerables –musulmanes nacionales, inmigrantes y refugiados– y la democracia misma, cuya condición es la protección de todos los ciudadanos por igual. Como estamos viendo ya claramente en el caso de España, no hay ninguna medida de excepción lo suficientemente selectiva como para que se aplique solamente a su “objeto” explícito. O hay derecho para todos o no hay derecho para nadie. Por ese camino –el de la excepcionalidad construida en torno a un grupo ontológico de riesgo a partir de una concomitancia aleatoria– sólo puede llegarse, como otras veces en la historia, a la polarización, el autoritarismo, la muerte del derecho y, de un modo u otro, la guerra. España, en una situación aún ventajosa, debería evitar sumarse a este juego y tratar, aún más, de invertirlo. Pero eso sólo será posible con otra política y otro gobierno.