Especulación y alquiler de vivienda: ¿la Historia se repite?

Pilar Garrido
Foto: Dani Gago

Carmen nunca pensó que, con 69 años y con las manos llenas de callos de tanto trabajar, podía verse en la calle. Después de toda una vida como empleada doméstica, rara vez con contrato, le quedó una pequeña pensión con la que, sin embargo, podía llegar a fin de mes. Un día recibió la notificación judicial que le anunciaba que una entidad bancaria iba a embargar su hogar, un humilde piso pagado antes de enviudar. Su único pecado fue avalar a su hijo y a su nuera cuando ambos decidieron hipotecarse para poder comprar una casa en la que vivir con sus dos hijos. Perdieron los empleos que creían que eran estables y, como si de un castillo de naipes se tratara, sus vidas comenzaron a derrumbarse. Primero embargaron la vivienda de su hijo y nuera, y el pequeño piso de 50 metros cuadrados de Carmen sirvió de hogar para tres generaciones de una misma familia. Aquello duró apenas año y medio, hasta que en 2012 un juzgado ejecutó finalmente el desahucio de la vivienda en que vivía Carmen con su familia.

No sólo les desahuciaron, sino que tuvieron que asumir la condena que supone perder el hogar y mantener una deuda, a todos los efectos impagable, con una entidad bancaria que poco después sería rescatada con fondos públicos. No obstante, con su pequeña pensión y gracias a los trabajos precarios, temporales y mal pagados de hijo y nuera, aún pudieron encontrar una vivienda que alquilar, un refugio en el que guarecerse de las inclemencias de una crisis que no parecía tener fin. Sin embargo, llegó también el día en el que la pensión y los trabajos temporales no dieron para pagar un alquiler que no dejaba de crecer. Carmen, desahuciada por segunda vez, asumió con resignación su destino, como si frente al fatalismo de esta nueva época no hubiera alternativa. La precarización de sus vidas había venido para quedarse.

En esa resignación influyó un mensaje que Carmen recibía constantemente: habían vivido por encima de sus posibilidades, habían sido irresponsables y ahora tocaba hacer penitencia.

Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La historia viene de lejos. En los años 60, el negocio de la construcción y venta de viviendas comenzabaa despegar. Las infraviviendas donde malvivía la clase trabajadora, eran sustituidas por pisos construidos en serie, sin alma, a través del Instituto Nacional de Vivienda, que tenían un doble objetivo: asentar una clase obrera urbana necesaria para el proceso de industrialización que propugnaba aquel tardofranquismo y, al mismo tiempo, crear un imaginario que ligaba crecimiento económico, prosperidad y éxito personal a la adquisición del estatus de propietario.

Para principios de los 80, ya en democracia, el cambio del modelo residencial se había realizado: la mayoría de los españoles dejaban de ser inquilinos para convertirse en “felices” propietarios. Por aquel tiempo, la opción del partido socialista hacia el modelo propietario era clara: el sector de la construcción hacía de tractor de la economía y parecíamos un país con un gran futuro. Permitir la especulación inmobiliaria era el precio a pagar. Frente al resto de los países europeos que habían optado por invertir recursos económicos públicos para crear un parque de alquiler social, España optaba por la vivienda como negocio, por el apoyo a la construcción de vivienda para venta y por el endeudamiento de los trabajadores.

Frente al resto de los países europeos que habían optado por invertir recursos económicos públicos para crear un parque de alquiler social, España optaba por la vivienda como negocio, por el apoyo a la construcción de vivienda para venta y por el endeudamiento de los trabajadores.

Hasta los años 90, si bien el derecho a la vivienda recogido en la Constitución Española era un derecho totalmente inexistente, el modelo propietario ideado ofrecía una cierta sostenibilidad. Había empleo –buena parte en la construcción-, los salarios subían y el esfuerzo familiar para pagar una hipoteca era todavía asumible para la mayoría de las familias españolas.

A finales de la década de los 90, la financiarización de la economía, la entrada a saco de las entidades financieras en el negocio inmobiliario y las políticas liberizadoras de Aznar disparan la construcción privada de vivienda (1 millón de viviendas en 2005) y, justamente, al contrario de lo que auspiciaban los gurús aznaristas, el precio de la vivienda comienza a subir de manera exponencial. Esto se completa con la irresponsabilidad de los bancos otorgando más y más hipotecas, movidos sólo por sus ansias sin límite de ganar dinero. Las entidades financiera colocan a muchas familias españolas en una situación de alto riesgo, debido al nivel de sobreendeudamiento que asumen para acceder a la compra de su vivienda. La especulación inmobiliaria alcanza su techo máximo.

En octubre de 2007, se produce lo que se conoció como crisis de las hipotecas ‘subprime’. Aquel resfriado que se expandió globalmente, cerró las líneas de crédito y provocó una grave pulmonía a la industria española del ladrillo. La Banca de nuestro país, con sus fondos comprometidos en inversiones inmobiliarias de dudosa viabilidad, cortó el grifo del crédito y nuestro Gobierno prefirió rescatar bancos en lugar de personas. Primero Zapatero y después Rajoy destinaron decenas de miles de millones de euros a sanear las cuentas de las principales entidades bancarias de nuestro país.

El modelo propietario de carácter especulativo, impulsado desde las entidades financieras y sostenido por las administraciones públicas, se llevará por delante a varias generaciones de nuestro país. Los culpables, los causantes de tanto dolor infligido, no pagaron las consecuencias. Los mismos responsables financieros de la burbuja inmobiliaria abandonaban los consejos de administración de las entidades financieras con indemnizaciones millonarias. Y mientras eso sucedía –y siguiendo las directrices europeas emanadas de Ángela Merkel–, sucesivos gobiernos realizaban profundos recortes sociales que terminarían por desmantelar nuestro débil estado del bienestar.

Cientos de miles de familias españolas perdían sus viviendas y debían afrontar deudas perpetuas. La misma situación que había sufrido Carmen se repetía por todo el territorio: primero perdían sus empleos y, entonces, el alto riesgo asumido por la firma de hipotecas abusivas les metía en una espiral de procesos judiciales y demandas que ni siquiera eran capaces de entender.

Ante la inacción de los poderes públicos, fue la sociedad civil organizada, fundamentalmente la PAH, la que puso la problemática de los desahucios en la agenda pública, quien asesoró y paró, en numerosas ocasiones, esos desahucios que carecían de alternativa habitacional y quien forzó algunas respuestas públicas. Carmen, como muchas mujeres en una situación precaria, sacó coraje, se sacudió la resignación y a sus 69 años se unió a la asamblea de la PAH de su barrio. Allí empezó a entender, de verdad, lo que le había sucedido y encontró un espacio de fraternidad y de lucha compartida.

Fue la sociedad civil organizada, fundamentalmente la PAH, la que puso la problemática de los desahucios en la agenda pública

Pero aquí no acaba esta historia. Podría pensarse que los poderes públicos habían aprendido la lección, pero no fue así.

Muerto por agotamiento el negocio de la construcción y venta de vivienda, comienza una nueva etapa, la del alquiler. En el 2013, se reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos. Con ello se facilitan los desahucios exprés y el inquilino o la inquilina queda a merced de la voluntad del propietario o propietaria. Empiezan, entonces, a aumentar los desahucios por impago de rentas.

El capitalismo especulador no cambia su objetivo: obtener el mayor beneficio económico posible. Sólo se trata de encontrar la vaca que dé más leche. Ahora le toca al alquiler.

¿La historia se repite? El alquiler privado empieza a ser un negocio muy apetecible para los grandes fondos buitres. En España, las empresas de ese sector encuentran una legislación a su medida, bajos precios de compra y un mercado libre de cualquier control público ¡Un paraíso para especular!

A esto hay que sumar un fenómeno relativamente nuevo, el de la turistificación. Grandes plataformas digitales como Airbnb alquilan pisos turísticos, un negocio muy lucrativo por la amplia y solvente demanda de este tipo de alojamientos vacacionales. Esta actividad detrae alojamientos del mercado destinados a la vivienda habitual, a la vez que empuja los precios al alza.

Todas estas circunstancias configuran un nuevo escenario: un parque de alquiler privado muy escaso y con precios abusivos fuera del alcance de la gran mayoría social. A esto le sigue el fenómeno de la gentrificación, con la expulsión de los vecinos de sus barrios, acompañado de la destrucción de la identidad y de la vida popular de estos espacios. El comercio tradicional y de proximidad desaparece, y en su lugar tenemos grandes superficies que ofrecen lujo y glamour para los visitantes pero ni un sólo establecimiento para que los vecinos puedan comprar el pan diario. “¡Esto no es vida!”, repiten las personas mayores que habitan desde siempre esos barrios y que ahora se encuentran perdidos entre deslumbrantes escaparates y neones de colores.

Esta situación ya hace tiempo que se observa, sobre todo, en las grandes ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, San Sebastián… . Y toda esta transformación del paisaje urbano sucede mientras convivimos con la precarización de nuestras vidas: elevada tasa de desempleo o empleos precarios, temporales y con salarios indignos, recortes en sanidad y en pensiones… En definitiva, ninguna certeza y mucha inseguridad.

Esta situación es a todas luces inaceptable. Es urgente que el Estado establezca desde ya las condiciones que pongan remedio a la amenaza de una nueva burbuja, en este caso, de alquiler, y que implemente medidas para posibilitar el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna.

Es urgente que el Estado establezca desde ya las condiciones que pongan remedio a la amenaza de una nueva burbuja, en este caso, de alquiler, y que implemente medidas para posibilitar el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna.

Para cumplir estos objetivos, para garantizar y proteger el derecho a la vivienda, ¿qué deben hacer los poderes públicos? Uno: configurar, a través de un marco normativo adecuado, un mercado de vivienda justo, sostenible y asequible –esto no le cuesta dinero al Gobierno, lo que si hace es que sus amiguetes, grandes tenedores de vivienda y bancos fundamentalmente, dejen de llenarse los bolsillos–. Dos: aprobar planes de vivienda con financiación adecuada para poner en marcha políticas públicas destinadas principalmente a crear un parque de alquiler suficiente y asequible.

¿Qué tenemos? Un panorama nada halagüeño. Hace un par de semanas que el gobierno aprobó el nuevo Plan estatal de vivienda 2018-2021. Este Plan es una burla a la ciudadanía, es un plan fantasma, sin recursos. Destina un 0,03 del PIB a políticas de vivienda, 20 veces menos recursos que cualquier país de Europa.

El Plan estatal de vivienda confía de nuevo en el mercado libre de vivienda para garantizar nuestro derecho a una vivienda digna y adecuada. No se propone ni una sola medida de intervención sobre el mercado de alquiler privado, no se apuesta por un parque de alquiler público, seguimos con ayudas a la compra y, lo que es muy grave, no da respuesta a las situaciones más urgentes, a los desahucios.

Pero aunque lo que tenemos hoy resulte desalentador, lo cierto es que el futuro lo construimos nosotras. Muchas personas como Carmen entendieron que no estaban solas, que sólo en las calles, encontrándose con quienes están hoy protagonizando las luchas por una vivienda digna, un trabajo digno, unas pensiones dignas, una vida sin violencia machista, tenemos la posibilidad de pensarnos juntas de otro modo.

Pilar Garrido es senadora y secretaria de Políticas Sociales de Podemos