Introducción [1]

Para Podemos el 26J pareció significar el fin de un ciclo en tanto el resultado electoral -si bien muy bueno para tratarse de una formación emergente- no le otorgó una posición de fuerza que le asegurara la iniciativa a la hora de formar gobierno.

Ese ciclo era el que describía la “hipótesis Podemos”, según la cual el 15M fue el síntoma de la crisis orgánica del régimen del 78, que abría una oportunidad para “asaltar el cielo”. Para ello, Podemos debía transformarse en una “máquina de guerra electoral” capaz de librar una blitzkrieg que le permitiera colarse por las grietas del edificio hegemónico a toda velocidad antes de que se cerraran. Esta guerra de movimientos se desplegaría centralmente en el terreno electoral a través de un discurso populista situado en el eje abajo-arriba, con el objetivo de patear el tablero del bipartidismo y construir un nuevo pueblo contra la “casta” y su régimen.

Tras la reunión de su Consejo Ciudadano Estatal del 9 de julio y las primeras intervenciones poselectorales de sus dos máximos dirigentes, la conclusión que pareció extraer la formación morada es que ha concluido la fase de guerra de movimientos para dar lugar a una etapa de guerra de posiciones larga. Esta nueva fase política será más tranquila y estará marcada por el ritmo que impone el parlamentarismo. Esto obligaría a Podemos, por una parte, a dejar de ser una máquina de guerra electoral para convertirse en un “partido normal” y, por otra, a plegar las velas del discurso populista, pues la impugnación generalizada que implica el eje abajo-arriba no sería compatible con la lógica de negociación permanente propia de la institución parlamentaria.

Estas notas, soslayando toda cuestión táctico-estratégica, tratan de averiguar si hubo o no crisis orgánica del régimen del 78 y si es incompatible el discurso populista con el parlamentarismo.

Crisis del régimen del 78

Si una comunidad política es fundamentalmente un sentido construido y cristalizado que se expresa en instituciones, reglas del juego, posiciones relativas de los actores, identidades asignadas y reconocidas, una cultura política hegemónica y una división entre profesionales y profanos a la hora de ejercer -en especial en el campo político- la dirección de esa sociedad, no parece que en España haya habido una crisis de tal calibre.

Principalmente porque el Estado mantuvo su autoridad a los ojos de la sociedad. Ahí se encuentra la diferencia clave con respecto a los países de América Latina. El Estado español, sobre todo desde la Transición, ha conseguido aparecer ante la sociedad proveyendo hospitales, carreteras, escuelas, seguridad, pero también garantizando democracia, pluralidad y derechos. Todo ello en un país que asocia su pasado a la pobreza, el aislamiento, el retraso, la dictadura y el cainismo.

Aunque el Estado español no es fuerte frente al mercado ni su provisión de bienestar está a la altura de su capacidad económica, la crisis no le ha alcanzado, se ha frenado en la frontera que separa a sus elites dirigentes del sistema institucional. A pesar de la debilidad histórica de su Estado, España responde más al modelo occidental que describía Gramsci, en el cual entre el Estado y la sociedad hay varias líneas de trincheras que lo protegen de cualquier asalto y le permiten sobrellevar las crisis, que al oriental, donde hay más producción de orden que de sentido, pues se trata de un Estado represivo y vertical, que “concentra” el poder y la política, precisamente porque la sociedad civil está desarticulada y es débil. Más aún: toda la fortaleza del Estado se construyó principalmente desde la Transición.

Las trincheras que protegen al Estado y le otorgan prestigio como encarnación no sólo de sí mismo sino de toda la sociedad, son básicamente las encargadas de producir y reproducir el sentido común del discurso de la Transición que, en España, encarna la hegemonía: un orden basado en la identificación de democracia con consenso, en una política cupular y en la promesa de cohesión social y territorial, asegurado por dos grandes partidos que se presentan como serios, modernos, europeos, responsables, que no rompen el equilibrio social y político, ni se entregan a aventuras innovadoras. Según este relato oficial, si alguno de los pilares del orden fuera cuestionado, todo recaería en el pasado faccioso y fratricida. Por tanto, lo deseable es descartar cualquier experimento, por prometedor que pudiera parecer. De ahí la monolítica defensa de la Constitución de 1978 que hacen los partidos autodenominados precisamente “constitucionalistas”.

Este relato no es mero palabrerío hueco, sino que ha encarnado en la sociedad española. La Transición ha constituido identidades, actores, un modo de vida, un proyecto de país. Su triunfo fue político porque fue cultural: la Transición tuvo y tiene su literatura, su música, su cine, sus periódicos y revistas, sus intelectuales, sus periodistas, su televisión, su ocio; en definitiva, un caudal simbólico-imaginario que reconcilia a la sociedad española consigo misma, en tanto le provee la seguridad de haber sido finalmente capaz de construir un país que pueda mirar de frente (¿no habrá sido eso en definitiva lo que ha venido haciendo la sociedad española al sentarse a ver, cada jueves de los últimos quince años, Cuéntame cómo pasó?).

La evaluación de este período histórico -como la de cualquier otro- no es una unidad de medida del grado de progresismo del evaluador, pues el rechazo moral no modifica un ápice la fuerza política que tal etapa pueda tener. No pocos análisis de la izquierda española han parecido preferir a menudo la tranquilidad identitaria que conlleva la condena de la Transición en lugar de la productividad política que resulta de su comprensión histórica.

Por lo tanto, si se la quiere entender políticamente, por más que no sea para transformarla, la Transición no puede ser despachada con la condena moral motivada por unos rasgos ciertamente criticables para una fuerza igualitaria, como por ejemplo esa política cupular que evitó toda politización (del presente y del pasado) en nombre del peligro de recaída en un aducido faccionalismo cainita.

La Transición significó a los ojos de la ciudadanía modernización, ascenso social, salida del atraso y del aislamiento, europeización: “el período de mayor prosperidad, estabilidad y democracia de la historia de España”, como repiten los partidos tradicionales. Esto también significó la asunción por parte de la ciudadanía de que se poseen derechos, a la vez que la delegación de la gestión política en las elites. Esto es: más igualdad, pero también más diferencia entre profesionales y profanos en el campo político. Una suerte de doble juego de relativo empoderamiento y de despolitización por delegación.

Esta encarnadura de la Transición en la sociedad es probablemente lo que haga que ni siquiera la ruptura del pacto social, el estrechamiento de la democracia y el pluralismo, la corrupción sistémica o la tensión de la cuestión territorial -precipitados vertiginosamente desde 2008- hayan logrado conmover el contrato entre Estado y sociedad. Pero también que la creciente construcción de una sociedad neoliberal, con un tercio excluido, haya debido esperar a tener una excusa -la crisis del 2008- para abrirse paso. En España no ha habido un proceso neoliberal asimilable al thatcherismo, con un discurso explícito de señalamiento de sindicatos, funcionarios públicos, inmigrantes y clases populares como “parásitos de los emprendedores”. Sólo recientemente ha emergido el discurso del emprendedor como modelo social, pero sin explicitar el reverso de la culpabilización del “perdedor”. Cabe pensar que la raíz “compasiva” católica del conservadurismo español está jugando aquí un papel.

Los dos partidos principales, expresiones del discurso de la Transición, han tenido que justificar y encubrir sus políticas neoliberales en nombre de la preservación futura del Estado de bienestar. Si sólo se mira el aspecto de engaño de esta táctica, no se ve una parte importante del asunto: que el discurso hegemónico no puede desvincularse de su promesa de una cierta cohesión social. La sociedad le ha tomado la palabra a la Transición en cuanto a sus promesas de bienestar como parte constitutiva de la democracia. Esto no puede ser desdeñado sin más por una fuerza igualitaria, pues significa que lo que en otros países -como en América Latina, el continente más desigual- demanda largos años de lucha, incluso para conseguir niveles muy inferiores de equidad, en España -aun siendo el sur de Europa- forma parte del sentido común democrático.

El problema que sí plantea esta identificación entre discurso de la Transición y cohesión social es que el bipartidismo -entendido en sentido amplio- conserva, aunque mermado, cierto crédito como garante del bienestar. Quizá por eso el neoliberalismo ha podido ser ocultado tras la crisis. De hecho, no sólo el bipartidismo habla de “recortes”, y no de neoliberalismo; se ha logrado “nacionalizar” la crisis, imputándola a un exceso de gasto público del gobierno de Zapatero, que ponía en peligro el futuro del bienestar, desvinculándola de la gestión neoliberal del capitalismo internacional; y el Partido Popular acaba de ser ratificado para “gestionarla” por tercera vez (2011, 2015 y 2016).

En esta dirección, cabe pensar que lo que estaba en juego el 26J era el relato de la crisis, y frente a un discurso que sólo tibiamente la imputaba a un programa neoliberal acabó triunfando la versión oficial -sostenida por el bipartidismo y los medios hegemónicos- de que se trató de una pausa en la senda del crecimiento, el bienestar y la modernización, del que “ya estamos saliendo gracias al esfuerzo de todos”.

Esta capacidad del discurso oficial de disimular la ruptura del pacto social de la Transición tras la “crisis” resulta sintomática de la fuerza con que todavía cuenta para producir sentido, esto es, para producir orden.

Todo esto permite pensar que en lugar de una crisis orgánica2 lo que más bien parece que ha habido en España es una crisis de representación, y ni siquiera estrictamente una crisis del sistema de partidos, pues si bien éste ha dejado de ser bipartidista, en su conjunto es capaz todavía de proveer representación. El inicio de esta crisis puede remontarse a las protestas por la participación española en la segunda Guerra de Irak (2003) y por la gestión de los atentados de Atocha (2004), que luego ya se expresarían abiertamente con el 15M (2011) y más tarde con el surgimiento de Podemos y otros partidos (Equo, Partido X, etc.). Los lemas del 15M (“Lo llaman democracia y no lo es”, “No nos representan”) expresaron bien que el malestar social se debía principalmente a la frustración de expectativas de ascenso social y protagonismo político que la Transición había creado, más que a una impugnación radical del proyecto social y político vigente. Ni siquiera se planteó que el neoliberalismo era incompatible con las promesas de bienestar de la Transición. La protesta se dirigía más a las élites que a las instituciones.

La trayectoria discursiva de Podemos también puede verse como un reconocimiento implícito de la fuerza del discurso de la Transición. De hecho, su posición fue populista -esto es, de impugnación frontal del orden- sobre todo al inicio, durante su primer año de vida, pivotando en dos elementos: la identificación de la Transición como origen de todos los problemas de la crisis de 2008 y la consiguiente demanda de un proceso constituyente como única solución del problema. Esta posición era populista -según el concepto de Laclau- porque se basaba en la dicotomía arriba-abajo (pueblo-oligarquía, casta-gente) y presentaba a las elites y su orden como incompatibles con un conjunto de diversas demandas populares pendientes o frustradas. A partir de la marcha del cambio, en enero de 2015, ese discurso cambió: ahora la Transición aparecía como creadora de una institucionalidad valiosa, de la que había que echar a las elites para recuperarla al servicio del pueblo. Esa desconexión entre oligarquía e institucionalidad bloqueaba de facto todo discurso populista, pues el orden en sí ya no era el problema decisivo, sino sus elites, las que aparecían desvinculadas de esas instituciones. La prueba de que el orden no representaba el problema era que ni siquiera aparecía como productor de esas elites. La conducta política de las elites no guardaba relación con las instituciones: éstas eran instrumentos valiosos y las elites se habían autocolocado precisamente por encima de la legalidad3.

El reconocimiento implícito de la fuerza hegemónica del discurso de la Transición no sólo estaría en este momento de cambio del discurso de Podemos, hacia enero del 2015, sino incluso en su inicio, pues cabría pensar que la impugnación radical del orden del 78 era también una forma de hacerse visible y ser escuchado en medio de un orden muy plegado sobre el relato orgánico de la democracia como consenso y la evitación de la recaída en la Guerra Civil.

Hasta el 20D el relato de Podemos se mantuvo básicamente en los mismos términos. El problema era que la crisis había servido para enriquecer a los más ricos y empobrecer a los más débiles, gracias a que las elites se habían puesto por encima de las instituciones y de la ley. La prueba de ello, sostenía Podemos, era la corrupción. La centralidad de la corrupción en detrimento del neoliberalismo como causantes de la creciente desigualdad social podría ser otro indicador de que el malestar es con los representantes más que con el proyecto de país, en tanto responsables de una desviación de dinero público hacia lo privado que permitiría realizar la promesa de ascenso social típico de la Transición.

Del 20D al 26J este derrotero se profundizó y consolidó: la alianza con Izquierda Unida puede verse como una aceptación de la -en ese momento- invencibilidad de la Transición, de la imposibilidad de patear su tablero y por consiguiente de que entrar en él era inevitable, lo cual se haría por su lado izquierdo. A la vez, Podemos confirmaba -Iglesias ya lo había dicho en noviembre de 20144, preanunciando el fin del discurso populista de enero de

2015- su identidad socialdemócrata, lo cual suponía ocupar uno de los lugares -vacantes por la deserción del PSOE- del tablero oficial de la Transición. Esto suponía, naturalmente, que no era necesario impugnar ese tablero, todavía útil.

Quizá la alianza misma y no la ulterior decepción electoral era ya un potente reconocimiento -en los hechos todavía implícito, pero más abierto que el cambio de enero de 2015- de cierre de ciclo constatado ahora: el del “asalto al cielo” y de inicio de una guerra de posiciones larga. Los resultados electorales no hicieron más que confirmar ese camino, al dejar a Podemos fuera de la formación de gobierno y aliado con IU.

El diagnóstico de una crisis orgánica del régimen del 78 a raíz del 15M está vinculado a una incomprensión de la profunda capacidad histórica de la Transición para ofrecer y construir un proyecto de país. En la izquierda tradicional, parte de esta incomprensión se debe a su enfoque epistemológico materialista -en el sentido clásico marxista-, que vincula inmediatamente privación material y subjetividad de protesta, sin captar la mediación de la representación de esa privación -incluso cuando es vista como tal, pero sin generar movilización- más que como “falsa conciencia”, lo cual no cuestiona la lente con que se mira, sino la mirada del otro, confiando confortablemente en que tarde o temprano ésta se iluminará. Una subjetividad no es un castillo de naipes que se pone en juego al mínimo temblor. Pues bien, la Transición ha construido subjetividad, no falsa conciencia.

La guerra de posiciones no sólo resulta coherente con la política entendida como lucha por el sentido, sino en particular con sociedades como la española, que se ven a sí mismas como opulentas, lo cual parece determinar que la ciudadanía recela más del desequilibrio del orden que de los beneficios potenciales que pudiera traerle una ruptura. La cuestión es si el relato populista es sólo compatible con la guerra de movimientos o también, e incluso más apropiadamente, con la guerra de posiciones.

Populismo y parlamentarismo

Esta segunda cuestión que queríamos abordar está vinculada a la primera, pues se trata de saber si el cierre del ciclo de la guerra de movimientos implica necesariamente abandonar el eje arriba-abajo típico del populismo y más propio de la confrontación, por el de izquierda-derecha, más adaptado a la negociación y por tanto a la guerra de posiciones.

Cabe primero una aclaración. Se entiende mejor el concepto de populismo -siempre según la teorización de Laclau- dejando de lado el significante maldito, que remite por hábito más a lo que La razón populista vino a negar (el populismo como régimen político, ideología, forma de liderazgo, programa político, base social o conjunto de políticas públicas) que al concepto que se propuso afirmar: la reconfiguración del demos, la reconstrucción de un nuevo sujeto, de una nueva mayoría, alrededor de ciertas metas y valores -en este caso, el reimpulso de la democracia y la igualdad a partir de una frontera entre pueblo y poder.

Si ni el pueblo ni la ciudadanía refieren a un dato poblacional ni jurídico, sino simbólico-imaginario, esto es, el inestable conjunto de aquellos que se sienten autorizados para hablar y tener una posición sobre lo público, empezando por la definición de sus propias identidades, la ampliación del demos no significa evidentemente otorgar ciudadanía jurídica a más personas, sino transformar los marcos perceptivos-cognitivos, las identidades consagradas para reconfigurar un pueblo nuevo y hegemónico. Éste no resulta de una yuxtaposición de identidades ya existentes (cuya expresión electoral sería la sopa de siglas), sino de la conformación y emergencia de un nuevo actor mayoritario, de un nuevo bloque histórico que no puede sino hacerse con los sujetos ya existentes pero desidentificándose y reidentificándose en posiciones nuevas.

La contraposición abajo-arriba no se entiende por lo tanto sin la oposición izquierda-derecha, según su significado general-histórico. Siguiendo a Chantal Mouffe, si el abajo-arriba se hace desde la izquierda, será para ampliar el demos legítimo (que es el legado de los populismos clásicos latinoamericanos, pero también el de la revolución francesa, el de las independencias latinoamericanas o los procesos de descolonización). Si, por el contrario, se hace desde la derecha, será para estrechar el demos legítimo, tal como ocurrió con los fascismos de entreguerras u ocurre con los populismos del Frente Nacional francés o del Ukip británico. Los efectos del brexit son, entre otros, precisamente ese estrechamiento del demos, en virtud de la resignificación del inmigrante como negación de la ciudadanía.

En su primera etapa, hasta enero de 2015, Podemos contrapuso de modo excluyente el eje abajo-arriba al eje izquierda-derecha porque, llevado con toda probabilidad por la necesidad de la lucha política inmediata, tenía que impugnar el tablero del sistema de partidos realmente existente, que en España cumple formalmente con el pluralismo presentando una alternativa de centro-izquierda y otra de centro-derecha que, en la interpretación de Podemos, son en verdad la misma cosa: el bipartidismo, el turnismo, el Régimen. Al hacer esto, Podemos dificultó la distinción entre el significado histórico general del eje izquierda-derecha, proveniente de la Revolución francesa -como contraposición entre una escala de valores dominada por la igualdad y otra presidida por la libertad (liberalismo) o por el orden (conservadurismo)-, y el significado particular que adquiere en el sistema de partidos de la España actual. Para negar este último negó también implícitamente el primero, lo cual impedía ver el significado último de la contraposición abajo-arriba: es decir, si se trataba de una ampliación o un estrechamiento del demos legítimo (un populismo de izquierda o de derecha, en definitiva).

Hechas estas aclaraciones, volvamos a la pregunta: ¿es posible la contraposición arriba-abajo en las instituciones, básicamente, en el parlamento? O mejor: en un sistema parlamentario impregnado de una cultura política que identifica exclusivamente democracia con consenso, siendo la segunda fuerza de la oposición, lo cual obliga no sólo a pactar sino a hacerlo en condiciones de relativa debilidad. Si bien es cierto que el parlamentarismo parecería ser la fase superior del consensualismo, cabe pensar sin embargo que no necesariamente es incompatible con una política de impugnación de las elites en pos de ampliar el demos legítimo.

Las instituciones no se deducen de sus reglas del juego positivadas, sino de las prácticas habituales que se dan lugar a esas reglas y a la vez se derivan de una interpretación posible de ellas. El consenso, la “seriedad”, la solemnidad, la “mesura” que impone la institución parlamentaria no están en su reglamento, sino que son fruto de la construcción de una cultura política, la de los actores que la habitan y que han logrado que esos rasgos se identifiquen con “el buen hacer parlamentario”.

Podemos cuestionó ese sentido hegemónico sobre todo en su primer día de Parlamento, el de constitución de la XI Legislatura, cuando a través de una escenificación semiológica de estilos de vida plurales desvinculó, para escándalo del sentido común dominante, “buen hacer parlamentario”/seriedad y estilo/estética hegemónicos. Ese tono, estilo y forma en buena medida lo son todo en la cultura política dominante española. Es un continente que otorga legitimidad a casi cualquier contenido. Los años de la crisis han expuesto esto a las claras: las políticas de concentración de la riqueza, el manejo patrimonialista del Estado y los cargos públicos de representación, la corrupción sistémica se recubrieron de esa estética dominante obstaculizando su conexión con la irresponsabilidad, la insolvencia y el incumplimiento que suponen.

Quebrar esa vinculación entre el lenguaje corporal y oral hegemónicos y conceptos como “seriedad”, “solvencia”, “respetabilidad”, resulta clave en términos democráticos, pues permite que una pluralidad de estilos y formas no queden impugnados de entrada en términos de “insensatez”, “inexperiencia” e “ingenuidad”. Esta resignificación de lo que podría condensarse en el término “seriedad” es clave para expandir la palabra autorizada, la frontera entre profesionales y profanos a favor de estos últimos. El demos legítimo, en definitiva.

Hasta tal punto esa estética de la seriedad juega un papel clave que incluso es útil para disimular la impugnación del otro cuando es practicada -en sede parlamentaria o donde sea- por las fuerzas hegemónicas. Así lo hicieron el PP, el PSOE y Ciudadanos con Podemos en las decisiones de la Mesa y de la ubicación en el hemiciclo en la fallida XI Legislatura. Lo cual, bien mirado, corroboraría que parlamentarismo y populismo no son incompatibles.

Estar en las instituciones pero sin compartir el sentido consagrado que representan ha sido característico de los populismos latinoamericanos. El peronismo ha ejercido con maestría esa ambivalencia. Mientras acumulaba gran fuerza institucional merced a un fuerte presidencialismo plebiscitario y carismático, con amplísimas mayorías democráticas y no pocas tendencias antirrepublicanas, se presentaba como mero poseedor del gobierno, carente de poder real, por definición en manos de la oligarquía y el imperialismo. Esto le permitió presentar su poder y su tiempo en el gobierno invariablemente insuficientes para su proyecto, siempre “inconcluso”. Gracias a ello pudo ampliar el demos legítimo -su principal legado-, colocando al Pueblo como sujeto de la Nación.

Para una cultura política institucionalista -en el sentido de Laclau- como la española, lo anómalo desde la perspectiva hegemónica no es lo que no se ajusta a las reglas puras del parlamentarismo. Por eso éste puede funcionar en la práctica con una legitimidad presidencialista (ahí está el partido conservador reclamando su derecho a gobernar porque ha sido la fuerza más votada) y su derivado, las mayorías automáticas en el parlamento controladas desde el ejecutivo.

Lo aberrante para esta cultura dominante es, en cambio, todo aquello que sea visto como amenaza para el equilibrio consensual. Por ejemplo, un partido movilizando a las masas en la calle (la Marcha del Cambio no fue entendida por el discurso hegemónico precisamente porque no expresaba una protesta sino una afirmación de una potencial nueva mayoría) o enarbolando un discurso que contraponga el pueblo a la élite. Ni que decir tiene cuando ambas cosas se combinan.

Esto ayuda a precisar en qué sentido se da la tensión entre parlamentarismo y populismo. Si entendemos éste como impugnación de las elites en pos de ampliar el demos legítimo, como momento y no como programa -siguiendo la expresión de Mouffe-, no hay incompatibilidad alguna en tanto comportaría una profundización y ampliación de la democracia. La única incompatibilidad es con la cultura política histórica que envuelve y da sentido a esa institucionalidad, la hegemónica en la España de hoy, caracterizada por su carácter cupular, que se expresa en el bipartidismo consensualista.

El populismo como ampliación del demos legítimo sería una tarea constante de toda democracia, pues constituye un modo de contrarrestar las tendencias a la burocratización y a la oligarquización, al privilegio estratégico del pequeño número sobre los gobernados, propias del poder organizado. Pero la oligarquización de la comunidad no se produce sólo por esas tendencias, sino también por el efecto de políticas de exclusión e invisibilización. En ese aspecto, por ejemplo, las luchas feministas, de derechos civiles y multiculturales, así como las del mundo del trabajo, tienen siempre un aspecto populista característico, en tanto se desarrollaron denunciando el carácter elitista (de clase, patriarcal, blanco o de la cultura dominante) de la sociedad a fin de reconfigurar el demos legítimo visibilizando a las “minorías” excluidas. Esas luchas y conquistas no se comprenden históricamente sin el parlamento (ni desde luego la protesta de los movimientos sociales).

Si no se lo entiende así, el populismo estaría siendo percibido como una mera táctica electoral para alcanzar rápidamente el gobierno y, en ese sentido, sólo útil para la guerra de movimientos. Sería entonces lo propio de la excepcionalidad e incompatible con la normalidad. En esto, paradójicamente, la percepción de Podemos parece coincidir con la del bipartidismo, ya que ambos entenderían el populismo como un asalto a las instituciones desde fuera de ellas, no como una tarea constante de auto-regulación democrática de las mismas.

La oposición entre populismo y parlamentarismo parece heredera de la contraposición de Laclau -autor clave para Podemos, como es bien conocido- entre populismo e institucionalismo, que tiende a sugerir una identificación confusa entre institucionalidad y reproducción apolítica del orden, como si las instituciones fueran meras reglas congeladas y la reproducción del orden cancelara la lucha de valores. También parece derivar de la oposición entre instituciones y movimientos sociales, según la cual la auténtica política estaría “en la calle”, como si los movimientos sociales no encarnaran una representación, estuvieran libres de las tendencias oligárquicas de todo poder organizado y no aspiraran a convertir sus demandas en ley estatal.

El problema parece estar en el concepto de institución. Si éste se asimila al contenido habitual que le otorga la ciencia política “empírica”, como un conjunto de reglas técnicas capaces de tramitar neutralmente todas las demandas, su dominio queda vinculado a una normalidad que apacigua o incluso mata la política. Y ésta sería, a su vez, lo propio de momentos excepcionales de ruptura, como si patear el tablero no fuera ya reconfigurarlo en pos de una nueva y precaria estabilización, y como si toda práctica política no comportara en sí misma una performatividad que institucionaliza determinados contenidos y valores.

Si la institución es vista como sentido precariamente cristalizado, fruto de la lucha política, no cabe entender su dominio desvinculado de la guerra de posiciones, ni su transformación exclusivamente ligada a la guerra de movimientos.

A modo de conclusión

Quien busque ampliar el demos legítimo, radicalizar la democracia, parece abocado a desvincular “seriedad” de “parlamentarismo” en los términos en que hoy es entendido en España, pues su resultado no es otro que el cierre de la frontera entre profesionales y profanos de la política a favor de los primeros, entre una clase política que se presenta antes como equipo técnico solvente que como políticos tomando decisiones sobre valores inconmensurables. Desde ese lugar experto, se autopresenta ante los gobernados haciendo lo único que se debe y puede hacer, por doloroso que sea. El problema no es la autopresentación de los profesionales, sino el efecto de consentimiento y de respetabilidad que ese discurso logra entre los profanos, que refuerza su lugar y su autopercepción de sujetos de la despolitización.

El cuestionamiento de esa frontera entre profesionales y profanos supone la puesta en duda de las categorías mismas que la integran. No porque se aspire a la ilusión de cancelar todo poder, ni porque se crea que no hay un saber técnico necesario para la política, sino porque siendo indispensable, ese conocimiento no es más que auxiliar de la política, en tanto ésta es una decisión sobre fines, objetivos, valores, proyectos de país, la cual no se resuelve a través de un saber experto, ni de una verdad, ni de una ciencia.

Precisamente porque no ha habido crisis orgánica es que quizá la ampliación del demos legítimo es una labor pendiente y necesaria para radicalizar la democracia. Esa actividad no parece reñida con la institucionalidad, pues ésta no es sólo la sede de la realización de las demandas ciudadanas sino de la condición de posibilidad de todas ellas: mostrar la política como frónesis, como una actividad que no se salda a través de un saber experto sólo en manos de unos profesionales, sino de la elección de valores que, por no tener un fundamento objetivo, constituyen un lenguaje a los ojos del cual profanos y profesionales se vuelven iguales.

Podemos ha decidido iniciar una nueva etapa. Su desafío parece estar entre satisfacer a un electorado mayoritario, insatisfecho con la representación pero que no cuestiona de raíz el proyecto de la Transición, y retener a un electorado de izquierda politizado, que vio en la formación morada una impugnación de la Transición. Quizá Podemos se esté encontrando con el desafío de la “transversalidad”: cómo radicalizar la democracia sin ahuyentar a los “centristas” ni decepcionar a la izquierda. Tal vez por eso la clave no sea populismo sí o no, pues la transversalidad se vincula más con el predominio del eje arriba-abajo sobre el izquierda-derecha, que a la inversa. La cuestión está en si ese populismo es agonista o antagonista: la primera posibilidad se parece más a la sociedad que busca cambiar, en tanto establece con el otro una relación adversarial y no una enemistad, como sí el antagonismo. El reconocimiento de la legitimidad del adversario y la posibilidad de compartir con él unas reglas de juego democráticas parece más adecuado a una sociedad que ve y vive la democracia como consenso y éste como negación de toda exclusión, como ausencia de frontera política. Esto no significa optar por un populismo de baja intensidad frente a otro auténtico, por rebajar el alcance de la reconfiguración del demos, sino escoger el medio que permite establecer un diálogo con el sentido sedimentado de la comunidad política cuya semántica se aspira a transformar.

1 Agradezco los comentarios de Fernando Fernández Llébrez y de Chantal Mouffe sobre este trabajo

2 El propio concepto de crisis orgánica y su correlato, el de hegemonía, merecen ser reexaminados para ver si no guardan una fuerte deuda con una concepción determinista de lo social que obstaculiza la comprensión de la complejidad sobredeterminada y relacional de lo político. Crisis orgánica y hegemonía estarían todavía muy vinculadas a una representación de lo social según la cual hay áreas o puntos privilegiados de condensación del orden como totalidad, cuya conmoción sería la del conjunto como tal. Así, por lo tanto, invitarían a pensar las transformaciones más en términos de todo o nada que de procesos diversos y parciales. Sin renunciar a la noción de que lo político es institución de lo comunitario, lo cual hace que éste tenga una unidad final, quizá el problema de las nociones de crisis orgánica y de hegemonía es que no permiten dar cuenta de las diferentes capas, niveles, problemáticas, con ritmos y procesos diferentes, de la vida comunitaria. Esto parece volver difícil la existencia de “una coyuntura en la que se da un debilitamiento generalizado del sistema relacional que define las identidades de un cierto espacio social o político y que en consecuencia, conduce a una proliferación de elementos flotantes” (E. Laclau y C. Mouffe: Hegemonía y Estrategia Socialista, Madrid, Siglo XXI, 1987, p. 157; subrayado por mí). Tal vez de más cuenta de estas crisis la noción de hegemonías que la de hegemonía, lo cual implica una reserva acerca de la potencial organicidad de toda crisis.

3 J. Franzé: “Podemos: ¿regeneración democrática o impugnación del orden? Transición, frontera política y democracia”, Cahiers de civilisation espagnole contemporaine 15/2015: http://ccec.revues.org/5988.

4 “Entrevista a Pablo Iglesias”, Diario 20 Minutos, disponible online.