Soñar es un acto político necesario

Paulo Freire

La situación actual de la democracia y los derechos humanos en nuestro país es paradójica. Cuando rozamos con la punta de los dedos el 40 aniversario de la Constitución de 1978, nos enfrentamos a la evidencia de que la elección cada cuatro años de quienes nos representan no se ha visto acompañada de mejoras en los grandes problemas estructurales que asolan nuestro país: la pobreza, la desigualdad y las vulneraciones de los derechos humanos. En pleno siglo XXI hemos visto cómo, en una legislatura, los tímidos logros alcanzados en derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales en las últimas décadas se han esfumado como hojas secas en otoño.

En los años setenta, España era ya un país muy desigual dentro del contexto europeo. A día de hoy, continúa siendo uno de los tres países más desiguales de la Unión Europea (UE) de los 27, con una de las mayores diferencias de renta entre hogares (Foessa, 2014). Poco ha cambiado en todo este tiempo, al menos en lo que tiene que ver con los indicadores generales de desigualdad. En la misma línea, las tasas de pobreza se han mantenido altas, estables y relativamente independientes de la coyuntura económica concreta. El porcentaje actual de pobreza es similar al que ya existía en los años noventa y significativamente superior al promedio del resto de países de la UE.

La X Legislatura (2011-2015), con el Partido Popular gobernando en solitario, ha supuesto uno de los mayores ataques a la democracia y a los derechos humanos. Hemos visto cómo, en apenas cuatro años, se han vulnerado activamente el derecho a la salud, a la vivienda, a la libertad de expresión, a la educación, etcétera. Dicha legislatura debe hacernos reflexionar no solo acerca de la gestión del partido en el Gobierno, sino, ante todo, sobre la calidad de nuestra democracia y los estándares de derechos humanos (no) asumidos por las mayorías sociales en nuestro país. El hecho de que el Partido Popular acabara a golpe de Real Decreto (16/2012) con el derecho a la salud y volviera a ganar las elecciones tres años más tarde indica no tanto su capacidad política como los déficits que tenemos como sociedad en la defensa de los derechos humanos.

Por ello, la asunción de los más altos estándares de derechos humanos debe ser una prioridad para las fuerzas políticas progresistas de nuestro país y para la sociedad civil organizada. No trabajar en este eje estratégico conllevaría, más adelante, retrocesos como el que hemos vivido en esta legislatura aciaga, que nos ha retrotraído cuarenta años en nuestra Historia. Es responsabilidad de todas y de todos llevar los límites de lo no asumible lo más lejos posible. Ese será, en fin, nuestro mejor legado para las generaciones actuales y venideras.

Al mismo tiempo que reconocemos las flagrantes vulneraciones de derechos humanos cometidas a lo largo de esta legislatura en nuestro país, existen derechos que se han visto vulnerados de forma estructural en España. Así, es necesario comprender que la ciudadanía y la garantía de los derechos humanos son dos caras de la misma moneda. En un país en el que existen históricamente ciudadanos de primera, de segunda y de quinta categoría no podemos hablar de derechos humanos garantizados plenamente. El derecho al voto, el derecho civil y político por excelencia, está restringido para cientos de miles de personas que conviven con nosotras, que viven, trabajan y trenzan sus relaciones aquí. A menudo, los avances normativos en materia de derechos, como la incorporación de tratados internacionales de derechos a la legislación interna, en la práctica no han supuesto mejoras en su garantía. Asistimos a una brecha profunda entre la regulación legal de los derechos y su disfrute y aplicación práctica.

El enfoque de derechos humanos como herramienta para la transformación social y el empoderamiento de la ciudadanía

En términos estructurales y desde una perspectiva longitudinal, la situación de pobreza, desigualdad y vulneración de derechos de nuestro país (y del resto de países del sur de Europa) no difiere significativamente de la de los países del Sur. En las últimas décadas, desde las grandes agencias internacionales de desarrollo hasta asociaciones locales que trabajan en desarrollo, pasando por una parte importante de los Gobiernos de países del Sur, han asumido como propio el llamado «enfoque de derechos en las políticas y estrategias de desarrollo». Este enfoque

«considera principalmente el derecho internacional de los derechos humanos como un marco conceptual aceptado por la comunidad internacional, capaz de ofrecer un sistema coherente de principios y reglas en el ámbito del desarrollo» (Abramóvich, 2004, p. 4).

Parece que los países europeos, entre ellos el nuestro, asumen con relativa facilidad el enfoque de derechos cuando este se aplica a «otros» al mismo tiempo que muestran dificultades evidentes para aplicar esta lógica a sus propias políticas públicas. El régimen bipartidista ha entendido durante demasiado tiempo la política pública como una cobertura de necesidades a personas que requieren ser asistidas cuando, en realidad, se debe entender como una cuestión de titulares de derechos que obligan al Estado.

No resulta aventurado señalar que la fuerte presión de las ideologías económicas neoliberales ha contribuido históricamente a rebajar, en nuestro país y en otros, los estándares de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), frente a los de los derechos políticos y civiles (DPCI). Sin embargo, la Declaración Universal y sus posteriores desarrollos teórico-conceptuales son rotundamente claros: todos los derechos recogidos en ella tienen el mismo estatus y, por tanto, deben protegerse y exigirse en igual medida.

Además, en las décadas siguientes a la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos se ha producido una fuerte tensión entre el enfoque/discurso de los derechos humanos y los movimientos emancipadores. Esta ha trascurrido de forma paralela a la relación de estos con las instituciones liberales. Desde Marx hasta Žižek, numerosos autores han criticado el discurso de derechos como una herramienta para la replicación del capitalismo, la desideologización de la población y la protección de los mercados. La guerra de Yugoslavia sentó el precedente de las llamadas «guerras humanitarias» y de las acciones militares en nombre de los derechos humanos. Desde quienes han considerado el derecho como un mero mecanismo de refuerzo del orden político establecido, los derechos humanos se plantean como un discurso para la perpetuación del poder. Esta crítica suele centrarse, por otra parte, en el derecho a la propiedad privada, un derecho apenas definido que, aunque aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, no vuelve a aparecer ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales (ambos de 1966).

No obstante, el discurso de derechos ofrece un amplio abanico interpretativo para la apropiación y resignificación que, sin embargo, los sectores progresistas políticos y sociales en Europa prácticamente han abandonado. A día de hoy, el discurso de derechos humanos lo utiliza sin complejos el neoliberalismo, y le saca un rédito político sorprendente. Esta difícil empresa ha sido posible al no haber encontrado suficiente pugna discursiva en esta arena, que podría ser claramente favorable para los proyectos políticos y sociales construidos desde y para las clases subalternas. Desde nuestro punto de vista, una parte importante del éxito del movimiento por el derecho a la vivienda es precisamente la reconstrucción de un relato respecto a este que pasaba del «han vivido por encima de sus posibilidades» a «la vivienda es un derecho fundamental recogido en la Constitución». Para nosotras es crucial, en esta nueva etapa que se abre tras el 26J, reivindicar y aprovechar con toda su potencialidad el discurso basado en los derechos humanos para profundizar en la construcción del nuevo sujeto político que inauguró el 15M. El discurso de derechos permite aglutinar infinidad de demandas ciudadanas bajo un paraguas discursivo, jurídico y práctico, robusto y coherente en el que ganar disputas. El discurso de derechos humanos está preñado del mejor republicanismo y puede mostrarse como una herramienta con un gran potencial trasformador que hay que desarrollar.

Es innegable el elevado potencial transformador que el enfoque de derechos aporta para que las mayorías sociales puedan plantear exigencias frente a una minoría de privilegiados. Tal y como afirman Aparicio y Pisarello (2008, p. 9):«Desde esta perspectiva, los derechos pueden verse como exigencias de los sujetos más débiles frente a los más fuertes, esto es, como pretensiones de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a quienes detentan cualquier tipo de poder, tanto en el ámbito público como en el privado».

Precisamente la diferencia entre los derechos y los privilegios es el carácter generalizable de los primeros frente al carácter excluyente de los segundos. Así, y siguiendo con el ejemplo, cuando el movimiento por la vivienda reclama el derecho de todas las personas a tener una vivienda digna, este se enfrenta directamente al interés restrictivo de las entidades financieras e inmobiliarias de obtener beneficios millonarios explotando ese derecho constitucional como un negocio.

Nuestro país, como ocurre en la mayoría de los Estados modernos, no está demasiado dispuesto a reconocer que, con su propia acción u omisión, vulnera derechos que se ha comprometido públicamente a proteger. Así, los casos de brutalidad policial, tortura o maltrato hacia la población reclusa, migrante, con diversidad funcional, la situación de la infancia, etcétera. son silenciados y no suelen ser objeto de denuncia pública. Una buena explicación a este fenómeno la aportan Aparicio y Pisarello (2008, p. 15):

«No es infrecuente que, cuando los poderes públicos o privados están involucrados en vulneraciones graves de derechos fundamentales, y no existen mecanismos suficientes de presión social, las vías de protección se desvirtúen o resulten estériles».

Cuando los mecanismos institucionales para garantizar los derechos fallan, como ha ocurrido sistemáticamente en nuestro país en los últimos años, solo la sociedad civil organizada puede producir la movilización necesaria para denunciar y visibilizar esa realidad.

Es aquí donde Podemos, como herramienta que quiere ser para el empoderamiento popular, tiene mucho que aprender de la educación popular de Paulo Freire, pedagogo brasileño que dedicó su vida a la alfabetización de las clases más desfavorecidas. La educación liberadora es clave para formar una ciudadanía crítica que participe y reclame su espacio, haciendo que su voz esté presente tanto en la calle como en las instituciones. Es fundamental, en fin, para la creación de una «cultura de los derechos humanos» que permita elevar los estándares asumidos por nuestra gente.

La participación ciudadana y el empoderamiento popular son las principales tareas pendientes que tenemos como partido-movimiento que queremos ser. Y en esa labor la defensa de los derechos humanos es una potente herramienta de cambio y de progreso. Hasta que no se evidencien las vulneraciones a estos y se asuma que eso que ocurre en la vida cotidiana no es tolerable, no se podrá trabajar para revertirlo (El Achkar, 2002). Hasta que no se cambien los discursos y prácticas que normalizan las redadas racistas, la violencia hacia la infancia, los desahucios o los abusos policiales, esas prácticas sociales seguirán considerándose legítimas por parte de quienes ostentan el poder.

Para Freire, la denuncia se convierte en un hecho educativo (El Achkar, 2002), que persigue concienciar a la ciudadanía en torno a situaciones que deberían ser intolerables en una sociedad democrática. Al mismo tiempo, la denuncia es también un espacio terapéutico, en tanto que permita recrear el sentido de la vida de las víctimas-supervivientes, recuperar la autoestima y reafirmar las identidades personales y colectivas (El Achkar, 2002) de quienes ven lesionados sus derechos más elementales.

Impedir que las vulneraciones de los derechos humanos se conviertan en «normales» o asumibles en una sociedad pasa por devolver la voz a aquellas a quienes les ha sido negada, pero también por educar a la ciudadanía que con su inacción permite y legitima dichas situaciones.

Reconocimientos y alianzas para el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país

Nos hemos referido unos párrafos más arriba a la legislatura del 2011-2015 como una legislatura aciaga para los derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, esta denominación tiene cabida principalmente para hacer referencia a las acciones y omisiones llevadas a cabo por el partido en el Gobierno. Han sido también años de toma de conciencia, desarrollo colectivo y exigencia de derechos por parte de la ciudadanía de nuestro país. Es probable que si no fuera por el movimiento feminista hoy tendríamos una Ley de Interrupción del Embarazo excepcionalmente regresiva.

En el caso del movimiento por los derechos de las personas migrantes, y en concreto en el campo de la lucha por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se han conseguido avances significativos. En los últimos años, se ha conseguido posicionar un tema tan invisible y opaco como este a la luz, darlo a conocer y hacerlo inadmisible para una parte cada vez más importante de la sociedad. También se ha avanzado en hacer inadmisible la ignominia de tener centros de detención para personas que se encuentran en situación administrativa irregular y a las que el internamiento, en demasiadas ocasiones, les supone una ruptura de su proyecto vital. Se ha pasado de la movilización y la visibilización a la incidencia política y el litigio jurídico. El CIE se ha utilizado como punta de lanza para conocer e introducir en el imaginario colectivo otros elementos de la política migratoria, como las redadas racistas y los vuelos de deportación. Se ha hecho posible colocar en el horizonte la posibilidad del cierre de estos centros, algo que hace apenas cinco años parecía impensable, incluso para algunas personas y colectivos que formaban parte de esa lucha.

Con estas breves pinceladas pretendemos destacar el papel fundamental que los movimientos, organizaciones, colectivos y asociaciones han tenido en la defensa de los derechos humanos en España. Algunas de ellas a través de luchas respecto a derechos concretos, otras desde una defensa general de los mismos, han contribuido activamente a reducir los daños provocados por unas políticas públicas abiertamente antisociales. En el nuevo ciclo político que se abre, las organizaciones políticas nacidas al calor del 15M, como Podemos, tienen la obligación de contribuir también al cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país. Por un lado, reconociendo el papel crucial de la sociedad civil organizada en la defensa de los mismos y trazando alianzas estratégicas con ellas y, por otro lado, contribuyendo a generar una cultura popular, mayoritaria, que defienda todos los derechos para todas las personas. En definitiva, pasando del «dicho al hecho» o del discurso a una verdadera y transformadora praxis.

Bibliogafía

Abramovich, Víctor (2004). Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo de América Latina.

Abregú, M., Derechos Humanos para todos: del autoritarismo a la construcción de una democracia inclusiva.

Aparicio, M. y Pisarello, G. (2008), Los derechos humanos y sus garantías: nociones básicas.

l Achkar, S. (2002), «Una mirada a la Educación en Derechos Humanos desde el pensamiento de Paulo Freire»

Foessa (2014), VII Informe sobre exclusión y desarrollo en España. Madrid: Cáritas Española Editores.

Freire, P. (1993). Pedagogía de la Esperanza. México: Siglo XXI Editores.

García Berrio, A. (2015). Caminos irreversibles hacia el cierre de los CIE.